Ley de Asociatividad , un arma de doble filo para los Ríos y Glaciares de Chile

(Columna  Futuro Renovable) El Ministerio de Energía ha venido desarrollando desde que asumió el gobierno, la idea de crear una Ley de Asociatividad que posibilite unir las comunidades con las transnacionales y que de esa manera se puedan llevar adelante proyectos energéticos de alto impacto, con el sustento que entrega una Ley de la República, traspasándoles a las comunidades un royalty por mega watt producido.

La ley posibilitaría convocar consultas ciudadanas para decidir las iniciativas energéticas, si las comunidades tuviesen la capacidad de reunir el 5 % del patrón electoral ante el SERVEL. El referéndum tendría la calidad de vinculante, siempre que votara el 50 % de los electores inscritos en el registro electoral. Lo que sustentaría en teoría la propuesta de Ley, es que permitiría defender los derechos ciudadanos, activando un proceso regionalista en la toma de decisiones, con supuestas garantías al contar con un conocimiento previo del proyecto, para que vaya de acuerdo con las normativas vigentes, los cuerpos legales, sustentado en las vocaciones propias y sobre todo resguardando los ecosistemas, santuarios de la naturaleza, parques nacionales y los territorios indígenas.

La presión de las transnacionales por concretar los proyectos energéticos especialmente los que quieren represar ríos e intervenir glaciares, no ha decaído en lo más mínimo y no tengo duda alguna de ello, pero no poseo prueba alguna, que existe bajo la mesa una alianza estratégica para conseguir los objetivos hoy truncados por la judicialización de los proyectos energéticos. La ley de Asociatividad pretendida por el gobierno, es el fundamento perfecto para concretar los mismos objetivos, amparados bajo un supuesto social de una democracia más plena y participativa pero al fin y al cabo igual destructiva.

La ley de Asociatividad incorporaría a las comunidades otorgándoles beneficios económicos, transformando las comunidades de implacables adversarios a verdaderos interesados en que se concreten los proyectos, produciendo un viraje redundante en 360 grados, en como las comunidades verían los proyectos energéticos ante los supuestos beneficios económicos. No es nada nuevo en el horizonte como estrategia, aplicando el concepto americano “si no puedes con ellos únete a ellos”.

En España e Italia es común que los proyectos energéticos se asocien con las comunidades y les otorguen beneficios económicos. La gran diferencia entre esa realidad y la nuestra, radica en que los proyectos europeos fundamentalmente son de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y en Chile lo que busca la Ley de Asociatividad de forma encubierta, es represar ríos e intervenir glaciares, sin contar con estudios ambientales como corresponde, ya que eso es imposible de conseguir, al comprobarse hace muchos años que intervenir ríos con muros de contención y embalses, los destruye inexorablemente por la extremada sedimentación que produce la intervención, aniquilando la flora y la fauna, aumentando considerablemente las emisiones de CO2 y quitándoles para siempre a las comunidades su proyección social, cultural y comercial y que nada justifica destruir los glaciares.

No tengo dudas que si la Ley se hiciese efectiva, las comunidades a pesar de entender la destrucción que acarrarían los proyectos, podrían estar más que dispuestas de aceptar los riesgos por lograr beneficios económicos, haciéndose muy claro que esta es la apuesta de fondo que persigue la ley. Las comunidades podrían ser manipuladas para que votaran a favor en un plebiscito vinculante, generando un contra sentido redundante y fuera de toda opción si queremos desarrollar y administrar plenamente las regiones con sustentabilidad.

Los plebiscitos y esto es una realidad comprobada que bien lo sabemos en Chile, no son ganados por los buenos proyectos o las buenas ideas, lamentablemente tal como ocurre en las campañas políticas y en las elecciones finales, ganan solo aquellos que cuentan con una buena financiación y eso no significa precisamente que ganen las mejores ideas o los que cumplen con los requisitos que se necesitan; creando un desequilibrio peligroso para el balance y la armonía regional que necesitamos, que indudablemente no traería nada bueno para los territorios pretendidos por las transnacionales, propiciando un ambiente complicado al interior de las regiones, inmanejable y volátil, ante lo que significaría la intervención económica por parte de las transnacionales, ante las comunidades sustentados en una ley de la república, de una realidad que se conoce muy bien en Aysén, de lo que significo tener a HidroAysén por más de seis años en sus entrañas, que dividió tremendamente la región y a muchas familias.

Como ejemplo puedo dar y con conocimiento de causa, lo que podría suceder con esta ley en Aysén. Si hoy se comenzara una campaña oficial en ese sentido para dirimir si se quiere represar o no los ríos de la región, las transnacionales ENEL de capitales Españoles e Italianos (HidroAysén), XSTRATA Suizos (Central Río Cuervo), invadirán la región con una campaña mediática financiada con millones de dólares traídos desde el extranjero, para convencer a las comunidades sobre las bondades de represar los ríos Baker y Pascua en la cuenca del Baker y del Cuervo y Claro en la comuna de Puerto Aysén. Las Municipalidades respectivas se verían muy interesadas por los beneficios económicos y podría aprobarse perfectamente que se represen los ríos; pero no cambiarían en nada la triste y dura realidad, que intervenir los ríos con muros de contención y embalses es altamente destructivo para el medio ambiente y para la sustentabilidad social y cultural de Aysén, que se proyecta a través de la ganadería y el turismo de intereses especiales, dada su calidad escénica y ambiental. Ante esa realidad, nada ni nadie puede justificar su destrucción con proyectos sin consistencia.

Si estuviéramos hablando de una Ley de Asociatividad para proyectos de ERNC, sustentados en base a estudios de impactos ambientales como corresponde, es indudable que bajo esa perspectiva la ley podría ser un progreso. Pero lamentablemente la Ley solo buscaría sustentar proyectos sin merecimientos, donde la única forma posible de poder concretarlos seria compensando económicamente por la destrucción.

En la actualidad las regiones no cuentan con un plan de ordenamiento territorial activo y pleno como debería ser, que puede ser muy bien aprovechado por las transnacionales. No seria para nada beneficioso por el bien del país, que se pretendiera planificar los planes maestros de las regiones justamente ahora, bajo la presión de la Moneda de sacar adelante la Ley de Asociatividad. Seria un total contra sentido y terminaría por destruir aun más la proyección de las regiones.

Perfil del autor. Andrés Gillmore, es sociólogo de la Universidad Nacional de Brasilia UNB en Brasil; es empresario turístico y consultor en proyectos de desarrollo sustentable relacionados con Aysén.

Por Andrés Gillmore | Publicado 14 noviembre 2014 | Futuro Renovable